Derechos y responsabilidades
“Esto ya dejó de ser paro, son vacaciones pagas”: dura denuncia por el conflicto en la pesca
Botana señaló que lo que el ministerio de trabajo les otorgó a 153 integrantes del SUNTMA son “vacaciones pagas” y no un seguro de paro.
La cartera liderada por Juan Castillo resolvió acceder a la solicitud del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines, para un régimen especial de subsidio de desempleo.
El legislador Sergio Botana señaló que lo que el Ministerio de Trabajo les otorgó a 153 integrantes del SUNTMA son “vacaciones pagas” y no un seguro de paro.
La cartera liderada por Juan Castillo resolvió acceder a la solicitud del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA), para un régimen especial de subsidio de desempleo.
El senador nacionalista dijo que se está premiando con tres meses de sueldo a los trabajadores que llevaron al país a la huelga.
Botana sostuvo que al menos se perdieron 50 millones de dólares y un daño irreparable.
El conflicto en el sector pesquero generó una fuerte polémica tras la difusión de un audio que cuestionó duramente la decisión del Ministerio de Trabajo de otorgar tres meses de subsidio a los trabajadores que mantuvieron paralizadas las embarcaciones. La voz en el audio afirma que el conflicto, lejos de ser una medida gremial legítima, “ya dejó de ser paro, son vacaciones pagas”, y denuncia un uso indebido de los instrumentos del seguro de paro.
El mensaje señala que los principales responsables del daño ocasionado al país no son quienes sufrieron las consecuencias de la huelga, sino quienes la provocaron: “los maquinistas, los patrones de embarcaciones, las mujeres de las plantas de faena, que se vieron condenadas a no trabajar porque esta gente no quería salir a pescar”. Según el denunciante, el paro habría generado pérdidas cercanas a los 50 millones de dólares, por la “no utilización de los recursos del mar” y el consecuente freno de toda la cadena productiva.
En su crítica, el autor del mensaje se dirige al Ministerio de Trabajo: “Y ahora como premio el ministro le da tres meses, no sé si de vacaciones pagas o es un modo de financiar el conflicto”. Según sostiene, el Estado está financiando a los mismos responsables de haber paralizado la industria, lo que considera un precedente grave para futuras negociaciones laborales.
El conflicto pesquero lleva más de un mes y medio sin solución. Las embarcaciones permanecen amarradas, mientras los sectores productivos asociados al mar atraviesan una de las crisis más duras de los últimos años. Las plantas de faena, que emplean principalmente a mujeres, también quedaron sin actividad. “Más de mil mujeres no pudieron trabajar porque esta gente no quería salir a pescar”, señala el audio.
El mensaje también menciona un caso particular: “Ha sido 153 trabajadores del Zumba en esa situación”, haciendo referencia a una empresa o grupo de tripulantes en paro, lo que generó aún más controversia. El denunciante afirma que, lejos de sancionar la huelga, el Ministerio “premia” a sus responsables con dinero público: “En vez de sancionar la mala huelga, la huelga sin razón, la respuesta del Ministerio es premiarlos con tres meses de sueldo”.
La cartera laboral, encabezada por Juan Castillo, viene actuando como mediadora en un conflicto que enfrenta a marinos y empresarios desde junio. Los trabajadores reclaman mejores condiciones a bordo y reducción de las extensas jornadas, que según los sindicatos llegan a 15 o 16 horas diarias. Los empresarios sostienen que los reclamos son excesivos y no se ajustan al convenio vigente.
Desde el Ministerio se han presentado más de una docena de propuestas de acuerdo, pero ninguna prosperó. En las últimas semanas, la situación se agravó cuando los empresarios no asistieron a la mesa tripartita convocada por la autoridad laboral. Mientras tanto, los barcos continúan sin salir y las plantas de procesamiento permanecen cerradas, con un impacto económico cada vez mayor.
El sector empresarial denuncia que la paralización ha provocado la pérdida de al menos 50 millones de dólares, cifra que coincide con la mencionada en el audio. Los industriales sostienen que la inactividad del puerto y la falta de materia prima afectan gravemente la competitividad y la generación de empleo. También reclaman la revisión de los mecanismos del seguro de paro, señalando que se están utilizando para financiar un conflicto prolongado, lo que consideran “un abuso de los recursos del Estado”.
La voz del audio anuncia posibles medidas legales: “Vamos a ver los aspectos jurídicos, pero lo primero es que esto se conozca, porque la opinión pública nacional debe saber el mal uso de los instrumentos del seguro de paros”. Este planteo abre un nuevo capítulo en la controversia, que podría trasladarse al terreno judicial si se comprueba que hubo irregularidades en la concesión de beneficios a trabajadores que permanecieron en huelga.
Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo no ha emitido un pronunciamiento formal sobre las acusaciones. En tanto, desde las gremiales empresariales advierten que la prolongación del conflicto pone en riesgo no solo los ingresos del sector, sino también la reputación internacional de la industria pesquera uruguaya.
Lo que comenzó como un reclamo laboral por condiciones a bordo se transformó, así, en una disputa política y económica de gran escala. La paralización afecta a cientos de familias, especialmente a las mujeres que dependen de las plantas de faena, y ha generado un debate sobre la correcta aplicación del seguro de paro.
El país observa con atención cómo se desarrollan los acontecimientos. Para algunos, el conflicto revela un desequilibrio entre los derechos laborales y las responsabilidades productivas; para otros, es una muestra del desgaste del diálogo social. Lo cierto es que, más allá de las diferencias, las pérdidas son enormes y el mar uruguayo continúa en silencio, con los barcos amarrados y la industria pesquera a la deriva.