“Hay una justicia para pobres y otra para ricos”, entrevista con la doctora Luciana Dhel Coronel, defensora de oficio
La doctora Luciana Dhel Coronel, integrante de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay (ADEPU), recibió a EL PROFESIONAL para hablar sobre la realidad del sistema de justicia y las enormes dificultades que atraviesa la defensoría pública, un organismo indispensable para garantizar que todas las personas, más allá de sus ingresos, puedan tener acceso a una defensa en juicio.
En un diálogo extenso, la profesional no dudó en marcar la principal contradicción que atraviesa el sistema. “Hay una justicia para pobres y otra para ricos”, sostuvo sin rodeos, convencida de que mientras quienes tienen medios económicos acceden con rapidez y con mayores garantías a abogados particulares, los sectores más vulnerables dependen de un servicio que funciona con sobrecarga, falta de recursos y poca valoración por parte del Estado.
Dhel Coronel recordó que los defensores de oficio son abogados designados por la Suprema Corte de Justicia que brindan asistencia jurídica gratuita en las ramas penal, familiar, laboral y civil, entre otras. “Nuestro trabajo es fundamental porque atendemos a quienes no pueden pagar un abogado. Si nosotros no existiéramos, miles de ciudadanos simplemente no tendrían defensa”, señaló. Sin embargo, la situación del cuerpo de defensores está lejos de ser la ideal. La asociación que los nuclea, ADEPU, se ha declarado en conflicto por la falta de recursos y la postergación de reivindicaciones que se arrastran desde hace casi dos décadas.
A continuación, el intercambio con la doctora Luciana Dhel.
—Doctora, ¿cómo describiría la situación actual de la defensoría pública en Uruguay?
—La situación es muy difícil. Nosotros trabajamos con la gente más vulnerable, con quienes no tienen otra forma de acceder a la justicia. Son ciudadanos que ya vienen golpeados por problemas sociales, familiares o económicos, y que se enfrentan a procesos judiciales muchas veces sin comprender del todo sus derechos. Ahí entramos nosotros, que estamos para garantizarles esa defensa. Pero lo hacemos en condiciones de sobrecarga y sin los recursos adecuados. Lamentablemente es una realidad: “Hay una justicia para pobres y otra para ricos”.
—¿Qué significa en la práctica esa frase tan fuerte?
—Significa que quienes tienen recursos económicos pueden contratar un abogado particular que los atienda de manera exclusiva, que disponga de tiempo, que pueda presentar escritos con rapidez y que acompañe el proceso de manera más cercana. En cambio, los defensores de oficio tenemos decenas de casos simultáneamente, con audiencias diarias y expedientes que se acumulan. Claro que damos todo de nosotros, porque sentimos un gran compromiso, pero es evidente que no es lo mismo. Entonces se generan diferencias de acceso y de calidad en la defensa. Eso no debería pasar en un Estado de derecho.
—¿Qué papel cumple ADEPU en este contexto?
—La Asociación de Defensores de Oficio ha sido clave para visibilizar esta situación. Desde hace años venimos reclamando mejores condiciones de trabajo y un mayor reconocimiento institucional. No pedimos privilegios, lo que pedimos es que se valore lo que hacemos. Nosotros representamos a quienes más lo necesitan y sin embargo somos vistos muchas veces como un servicio de segunda categoría. La defensoría pública es una columna vertebral de la justicia en Uruguay y debería ser reconocida como tal.
—¿Han tenido instancias de diálogo con el Parlamento sobre estos temas?
—Sí, se ha hablado. Hemos planteado nuestra realidad en distintas oportunidades. En reiteradas ocasiones se nos ha escuchado, y la asociación está dispuesta a continuar en diálogo, pero necesitamos avances concretos, porque esto viene desde el año 2005. No podemos seguir siempre en el mismo punto, con promesas que no se materializan.
—¿Existen buenas perspectivas de que esos cambios finalmente se concreten?
—Sí, hay buenas perspectivas, esperemos que esto salga de una vez. Yo pienso que se va a concretar, porque es necesario. Queremos que nos escuchen, que vean lo que realmente es la defensoría pública, que le den el valor que realmente tiene y creo que va a salir adelante.
La doctora Dhel Coronel subrayó que, detrás de cada reclamo de ADEPU, no solo está el interés profesional de los abogados, sino la defensa de un derecho básico de la ciudadanía. “Cuando pedimos mejores condiciones, lo hacemos también pensando en la gente. Si un defensor está sobrecargado, si no tiene tiempo material para atender bien cada caso, es el ciudadano el que pierde. Y ese ciudadano, casi siempre, es alguien que ya viene arrastrando desigualdades de todo tipo”, explicó.
La defensora recordó además que el trabajo de los abogados de oficio se da en múltiples ramas del derecho, muchas veces con enorme complejidad técnica. “Hay una idea equivocada de que nosotros solo atendemos casos penales menores o conflictos sencillos. Eso no es así. Tenemos juicios de familia, casos de violencia, procesos laborales, demandas civiles, situaciones gravísimas que requieren preparación y dedicación. Todo eso lo hacemos con una vocación enorme, pero con un nivel de exigencia que pocas veces se reconoce públicamente”, sostuvo.
Consultada sobre la situación cotidiana en los juzgados, Dhel Coronel describió un panorama desafiante: “Las audiencias son continuas, muchas veces sin tiempo de preparación previa. Tenemos que correr de un caso a otro, explicarles a las personas qué está pasando, redactar escritos, contestar demandas, todo al mismo tiempo. Y lo hacemos con salarios que no son acordes y con carencias de infraestructura. Hay juzgados que no tienen siquiera condiciones dignas para atender a la gente. Es realmente preocupante”.
En ese sentido, volvió a insistir en que el fortalecimiento de la defensoría pública no puede esperar más. “Estamos hablando de un servicio que sostiene la igualdad ante la ley. Porque si el Estado no garantiza una defensa gratuita y de calidad, la igualdad se vuelve solo un enunciado en la Constitución. Y la democracia se resiente”, advirtió.
Finalmente, la doctora Luciana destacó el compromiso humano de los defensores de oficio en todo el país: “Más allá de las dificultades, seguimos estando al lado de la gente. La confianza que depositan en nosotros, muchas veces en situaciones muy dolorosas, es lo que nos mueve a seguir. Pero necesitamos que el sistema nos respalde, que la sociedad y las autoridades entiendan que nuestro rol es insustituible. No puede haber justicia de primera y justicia de segunda. Todos los uruguayos tienen derecho a ser defendidos con la misma seriedad y con la misma dignidad”.
Con voz firme, la defensora cerró la entrevista con un mensaje que resume el espíritu de su lucha: “Queremos que nos escuchen, que se entienda lo que hacemos y que se valore la defensoría pública. No solo por nosotros, sino por todos aquellos que dependen de ella para que la justicia, de verdad, sea igual para todos”.