Firma del «Pacto De La Cruz»
18 de setiembre de 1897
Diversos factores contribuyeron a que durante los años 1896 y 1897 la situación política hiciera crisis. El gobierno del Partido Colorado practicaba una política exclusivista caracterizada por el fraude electoral y el recorte a la participación del Partido Nacional a través de la reducción de las jefaturas departamentales controladas por este partido.
El gobierno del presidente Juan Idiarte Borda, electo el 21 de marzo de 1894 continuó y acentuó esta política.
Al descontento político generado se sumó una crisis económica, originada por la disminución en los precios de la materia prima que exportaba el país: lana, cuero y tasajo. Estos factores provocaron que el Directorio del Partido Nacional resolviera en primer término no participar en las elecciones.
En noviembre de 1896 el caudillo blanco Aparicio Saravia inició un movimiento revolucionario que, si bien tuvo una corta duración, no pudo ser completamente derrotado por el ejército profesional.
En marzo de 1897, con apoyo del Directorio blanco, Saravia inició una nueva revolución cuya principal reivindicación era el logro de garantías electorales y la participación de las minorías. La guerra afectó los departamentos del centro y del este del país y provocó la presión sobre el gobierno de las clases altas alarmadas ante la paralización de los negocios. La negativa del gobierno a entablar negociaciones de paz se modificó a causa del asesinato del presidente Borda el 25 de agosto de 1897 y su reemplazo por Juan Lindolfo Cuestas.
Cuestas inició negociaciones de paz que culminaron el 10 de setiembre con un acuerdo, llamado “Pacto de la Cruz”, firmado por los negociadores principales Pedro Etchegaray y José Pedro Ramírez. El 18 se realizó la firma solemne en Montevideo
El “Pacto de La Cruz”, firmado el 18 de setiembre de 1897, significó la culminación del movimiento revolucionario nacionalista iniciado en marzo de ese año.
El Pacto de la Cruz fue un acuerdo signado el 18 de septiembre de 1897 en Uruguay entre el del Partido Colorado, presidido por Juan Lindolfo Cuestas, y la dirección del Partido Nacional, por el que se puso fin a la revolución de 1897 liderada por el caudillo blanco Aparicio Saravia.
Apenas sucedió en la Presidencia a Juan Idiarte Borda, asesinado el 25 de agosto de 1897, Cuestas abrió negociaciones con la dirección revolucionaria y se llegó rápidamente a un acuerdo.
Los negociadores en representación del gobierno fueron; Pedro Echegaray, y del lado blanco Juan José de Herrera y otros miembros de la Junta de Guerra. El documento concluyó en Montevideo, donde se registraron multitudinarias expresiones de júbilo, el acuerdo tuvo como firmantes a, Eduardo Mac Eachen, Juan Campisteguy, Luis Eduardo Pérez, Mariano Ferreira y Jacobo Varela, representantes del Poder Ejecutivo, Juan José de Herrera, Eustaquio Tomé, Carlos Berro y Aureliano Rodríguez Larreta, representantes del Partido Nacional. Por supuesto, hubo que contar con la aquiescencia de Aparicio Saravia.
Al día siguiente fue refrendado por la Asamblea General.
La Asamblea General aprobó el documento el 19 de septiembre, con el único voto contrario del expresidente Julio Herrera y Obes «hacen la paz porque no han sabido hacer la guerra», dijo.
El día 25, se procedió al desarme de las tropas nacionalistas en la estación de La Cruz, departamento de Florida.
El pacto establecía la renuncia a la lucha armada, el compromiso del Poder Ejecutivo de impulsar una reforma electoral, el nombramiento de jefes políticos que ofrecieran garantías, amnistía para los combatientes y distribución de 200.000 pesos entre el ejército revolucionario, y la adopción de medidas por parte del gobierno, para hacer práctica el principio de igualdad entre los orientales para ejercer sus derechos cívicos. Verbalmente, se acordaba que el Poder Ejecutivo confiaría seis jefaturas departamentales a ciudadanos del Partido Nacional, Flores, San José, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres, y Maldonado.
Políticamente la paz de 1897, señala el historiador Mena Segarra, “encierra una afirmación de la soberanía nacional y de nuestra capacidad para resolver los problemas domésticos sin intervención extranjera”. También impulsó un proceso de reforma del sistema electoral que se concretó en las leyes de Registro Cívico y la Ley de Elecciones de 1898. Estas consagraron el principio de representación de las minorías.
El sistema político que instauró el pacto también condujo a una regionalización política a causa de la gran autonomía que tenían los departamentos gobernados por el Partido Nacional.
Sin embargo, el historiador Mena Segarra afirma, en su libro” Aparicio Saravia. Las últimas patriadas». publicado por Ediciones Banda Oriental, Montevideo, en 1977, que las oficinas dependientes de la Administración Central, como las referidas a la hacienda y la enseñanza, así como la permanencia de contingentes militares, oficiaron de contrapeso al poder local.