Terminal Cuenca del Plata S.A. (TCP) salió al cruce tras declaraciones de Senadores del Frente Amplio y aseguró que sus argumentos se basan en defender a Montecon ignorando irregularidades de la que tienen pleno conocimiento
espacios públicos, recibió subsidios tarifarios, y llevó a cabo prácticas discriminatorias contra sus competidores, en perjuicio de TCP y de las arcas públicas».
Terminal Cuenca del Plata S.A. (TCP), que está integrada en un 80% por Katoen Natie y en un 20% por la Administración Nacional de Puertos, se refirió a las declaraciones en conferencia de prensa de los senadores Mario Bergara y Charles Carrera quienes presentaron una ampliación de una denuncia que fue incoada ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Tercer Turno.
En ese sentido, TCP afirmó que los senadores repiten casi textualmente los argumentos expuestos por la empresa Montecon S.A. en su acción de nulidad contra los Decretos 114/021 y 115/021 del 1º. de diciembre pasado, los senadores afirmaron que TCP “acreditó” en su Plan de Negocios de 2001 que regía en el Puerto de Montevideo “el régimen de libre competencia” y, además, “se comprometía a respetarlo”.
TCP desmiente terminantemente estas afirmaciones en su comunicado donde expresa que el “Estudio de Mercado y Proyección de Tráfico” elaborado en marzo de 2001 por la consultora CPA fue realizado antes de la promulgación del decreto de reglamentación de TCP” y que en él no hay “acreditación” o “compromiso” alguno, sino una evaluación sobre la futura actividad de la terminal especializada “que aún no existía”.
A su vez, TCP sostiene que no precisaba “acreditar” o “comprometer” nada, desde que la empresa no cuestionó nunca —ni en sus innúmeros reclamos ante la ANP, ni en ocasión de anunciar la venta de su paquete accionario, ni al poner en marcha el mecanismo del arbitraje internacional, ni al firmar el acuerdo de febrero de 2021— el principio de libre competencia portuaria, consagrado por la Ley de Puertos de 1992.
«Los senadores muy bien saben (por cuanto TCP lo ha documentado en innúmeras ocasiones y ante todos los poderes públicos) que lo que la empresa cuestionó y cuestiona hoy mismo es que ese principio de libre competencia, regulado en el área portuaria de Montevideo por la Ley, sus decretos reglamentarios y en especial el Reglamento de Operaciones Portuarias de 1994, haya sido insistentemente desconocido por Montecon S.A., beneficiada con la utilización ilegítima de espacios públicos, subsidios tarifarios, y prácticas discriminatorias contra sus competidores en las áreas públicas, en perjuicio de TCP y de las arcas públicas», expresan desde TCP.
Y agregan: «Y los senadores muy bien saben que la especialización de terminales como la de operación de contenedores es enteramente consistente con la libre competencia en las áreas públicas multipropósito, desde que está basada en una prioridad no exclusiva ni excluyente».
Desde TCP declararon que «causa estupor que legisladores a los que la ciudadanía confía el análisis informado y sereno de las cuestiones públicas empleen los informes que se encuentran bajo escrutinio judicial a efectos de promocionar intereses empresariales privados contra una empresa en la cual el Uruguay es accionista, incurrir en el absurdo de pretender penalizar procesos administrativos, o escamotear el conocimiento de irregularidades que se han denunciado y de la cual tienen pleno conocimiento. Noelia Franco