Camino habilitado
Comienzan los remates judiciales para descongestionar las seccionales repletas de vehículos incautados
Las seccionales policiales de Cerro Largo y de varios departamentos del país viven desde hace años una situación crítica: los predios se encuentran colmados de vehículos incautados por infracciones aduaneras y otras irregularidades. El problema, que generaba serias dificultades logísticas y un fuerte deterioro del parque vehicular retenido, comienza a tener una salida con la instrumentación de remates judiciales ordenados por la Dirección Nacional de Aduanas.
El primero de estos remates en Melo está fijado para el próximo 18 de septiembre, en la sede ubicada en la calle Colón 569. Allí saldrán a la venta decenas de automóviles y camionetas que permanecían depositados mayoritariamente en las dependencias de la 5ª Sección y de la Seccional 11ª, aunque la medida se extenderá progresivamente a otras comisarías del departamento.
UNA SITUACIÓN INSOSTENIBLE
Desde hace tiempo, los patios de las comisarías funcionan como depósitos improvisados de automóviles detenidos. Se trata de miles de unidades, en su mayoría de origen brasileño, incautadas por carecer de documentación aduanera o por incumplir la normativa de ingreso al país. La acumulación alcanzó un punto límite: ya no había espacio para seguir guardando vehículos, muchos de ellos expuestos a la intemperie y en franco deterioro.
El alquiler del espacio público utilizado para el depósito no es gratuito: la normativa establece que esos costos deben ser pagados posteriormente por el propietario que recupere el vehículo a través de un proceso judicial o, en caso de venta en remate, por el nuevo adquirente.
MARCO LEGAL Y ROL DE LA FISCALÍA
Durante los últimos meses, la Fiscalía de Cerro Largo estuvo abocada a revisar la situación jurídica de cientos de automóviles retenidos. El punto central era determinar si los delitos vinculados a cada caso habían prescripto o no. Una vez superadas esas instancias y con resoluciones firmes, la Aduana habilitó el camino hacia los remates judiciales.
Estos procedimientos no son una novedad, pero sí constituyen un paso importante en un momento de saturación. El objetivo es doble: liberar espacio en las seccionales policiales y, al mismo tiempo, generar ingresos para el Estado a través de la subasta de bienes que de otro modo se perderían en el abandono.
VEHÍCULOS PARA CIRCULAR Y PARA REPUESTOS
No todos los automóviles que saldrán a remate tienen las mismas características. Algunos se encuentran en condiciones de ser regularizados y, de no existir impedimento aduanero, podrán ser empadronados en territorio uruguayo, incorporándose así de forma legítima al parque automotor. Otros, en cambio, solo sirven como fuente de repuestos debido al tiempo de permanencia en los depósitos, la exposición al clima o las faltas mecánicas acumuladas.
El abanico de posibilidades genera expectativa entre particulares, mecánicos y comerciantes del rubro automotor, que suelen concurrir a este tipo de remates en busca de unidades recuperables o piezas que de otra manera serían muy costosas de conseguir.
IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL
Más allá del alivio inmediato que supone para la Policía y la Aduana liberar espacio en sus predios, la medida tiene también un impacto económico. Los remates judiciales suelen atraer un amplio público, lo que dinamiza el comercio local y genera ingresos adicionales para el Estado.
En la frontera, donde la circulación de vehículos brasileños es parte de la vida cotidiana, la regularización de parte de este parque automotor mediante el remate puede significar un alivio para muchas familias que necesitan un medio de transporte y encuentran en estas subastas una alternativa más accesible que el mercado tradicional.
Al mismo tiempo, se trata de un mensaje claro hacia quienes incurren en infracciones aduaneras: los vehículos no permanecerán indefinidamente en los depósitos policiales, sino que pasarán a remate, cerrando así un ciclo judicial que hasta ahora parecía interminable.
EL PRIMER PASO DE UN PROCESO MAYOR
El remate previsto para el 18 de septiembre en Melo será apenas el inicio de un proceso que continuará en los próximos meses. La Dirección Nacional de Aduanas y el Poder Judicial ya manejan listados de vehículos retenidos en otras seccionales del departamento y de la región, que seguirán el mismo camino.
En paralelo, las autoridades analizan mecanismos para evitar que la acumulación vuelva a alcanzar niveles críticos. Una de las posibilidades es acortar los plazos de resolución judicial y disponer con mayor rapidez el destino final de los automóviles incautados.
EXPECTATIVAS DE LA POBLACIÓN
En las calles de Melo y en las localidades cercanas, el anuncio del remate generó comentarios y expectativas. Muchos ven en estas subastas una oportunidad de adquirir un vehículo a menor costo, aunque son conscientes de que la mayoría necesita reparaciones. Para otros, la medida supone una forma de ordenar una situación que se había vuelto caótica, con predios policiales saturados y vehículos que se deterioraban sin destino definido.
UNA SALIDA LARGAMENTE ESPERADA
La puesta en marcha de estos remates judiciales representa, en definitiva, una solución largamente reclamada por la propia Policía, la Fiscalía y la ciudadanía. La acumulación de vehículos incautados no solo generaba un problema logístico, sino también de seguridad y de gestión pública.
Con la primera subasta del 18 de septiembre, se abre un proceso que permitirá descongestionar paulatinamente los depósitos policiales, dar un uso concreto a los automóviles retenidos y ofrecer a la población una vía legal de acceso a unidades que, de otro modo, terminarían en la chatarra.