Comercio fronterizo
Gobierno firmó decreto de medidas para mitigar diferencias de precios en frontera
La norma, rubricada por el presidente Orsi y los ministros de Economía, Educación, Industria y Trabajo, entrará en vigor el 1º de diciembre.
El Poder Ejecutivo firmó el decreto que busca mitigar el impacto del comercio fronterizo y reducir las diferencias de precios con los países vecinos.
En agosto de este año, el Parlamento había aprobado la ley 20.419, que establecía un paquete de medidas económicas y fiscales con carácter transitorio, dirigido a fortalecer la competitividad local, proteger el empleo y reducir la informalidad.
Si bien el espíritu general de las medidas se mantiene, el texto reglamentario introduce varios ajustes en los porcentajes, el alcance territorial y la forma de aplicación de los beneficios.
Según la ley votada por el Senado, las principales disposiciones preveían la eliminación de la tasa mínima del IVA y la reducción a la mitad de la tasa básica, llevándola al 11% para las compras en comercios minoristas ubicados a menos de 20 kilómetros de un paso de frontera, siempre que el pago fuera presencial con tarjeta de débito. En el decreto finalmente firmado por el Ejecutivo, esa rebaja se concreta de forma más acotada: en lugar de fijar una tasa del 11%, se establece un descuento de diez puntos porcentuales de IVA para las ventas comprendidas en el régimen, manteniendo las condiciones de ubicación y de pago electrónico.
La modificación implica que el beneficio no es una reducción de tasa “plena”, sino un mecanismo de devolución o descuento sobre el impuesto.
Otro cambio es que el decreto no menciona la eliminación de la tasa mínima del IVA, medida que figuraba explícitamente en el articulado aprobado por el Senado. Tampoco aparece el subsidio total al arrendamiento de terminales POS que el proyecto original extendía a monotributistas y pequeñas empresas.
En su lugar, el texto reglamentario se limita a referir al uso de medios electrónicos de pago como condición para acceder al beneficio del IVA.
En cuanto al régimen especial de importación, el decreto mantiene la creación de un régimen de comercio de frontera, administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Dirección Nacional de Aduanas, pero acota su alcance. En la versión aprobada por el Parlamento, los comercios minoristas de ramos generales situados a menos de 60 kilómetros de la frontera podían ingresar productos de la canasta básica sin tributos ni paratributos, bajo un procedimiento aduanero simplificado. El decreto, en cambio, restringe la aplicación a las zonas de frontera definidas por la reglamentación —sin fijar un radio general de 60 kilómetros— y detalla que los beneficios se aplicarán solo a determinados rubros y operaciones, bajo control directo del MEF.
Respecto a los incentivos al empleo, el decreto confirma la exoneración de hasta 75% en los aportes patronales por nuevos empleos formales generados en las zonas fronterizas durante los próximos 12 meses, manteniendo los sectores alcanzados: industria manufacturera, comercio, alojamiento, gastronomía, actividades administrativas y culturales.
En cambio, no se incluye en el texto reglamentario la ampliación del descuento del Imesi en las naftas, que en la ley pasaba del 24% al 32% en los pasos de frontera con Brasil. Esa disposición, mencionada en el articulado parlamentario, quedó fuera del decreto firmado por el Ejecutivo, que se concentra en los regímenes de IVA y de empleo.
A su vez, el decreto encomienda a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la implementación del Observatorio Nacional de Frontera. Tal como lo preveía el proyecto de ley finalmente aprobado, tendrá la responsabilidad de relevar y publicar, al menos semestralmente, indicadores económicos, sociales y de precios relativos en los territorios limítrofes, además de emitir alertas y recomendaciones de política.
El decreto entrará en vigor a partir del próximo lunes 1º de diciembre. Cuenta con las firmas del presidente de la República, Yamandú Orsi; del titular del MEF, Gabriel Oddone; del Ministerio de Educación, José Carlos Mahía; del Ministerio de Industria, Fernanda Cardona, y del de Trabajo, Juan Castillo.